El Principio MIPA o GIPA (Mayor involucramiento de las personas que viven con VIH /Greater Involvement of People Leaving with HIV) fue desarrollado por ONUSIDA con el objeto de hacer realidad los derechos y responsabilidades de las personas que viven con VIH (PVV), incluido su derecho a la libre determinación y participación en los procesos de toma de decisiones que afectan sus vidas, además de mejorar la calidad y efectividad de la respuesta al VIH y sida.

La idea fue expresada por primera vez por personas que viven con el VIH, en Denver, en 1983 y se formalizó en la Cumbre Mundial de sida de París en 1994.  En 2001, 189 países miembros de las Naciones Unidas aprobaron El Principio MIPA como parte de la Declaración de Compromiso sobre el VIH/SIDA (UNGASS)

MIPA parte de reconocer que las personas que viven con VIH experimentan factores que hacen que las personas y las comunidades sean vulnerables al VIH y en ese contexto su participación en la implementación de programas y en la formulación de políticas mejorará la relevancia, aceptabilidad y efectividad de esos programas. De hecho, las experiencias han demostrado que cuando las comunidades se involucran proactivamente en asegurar su propio bienestar el éxito es más probable. 

MIPA promueve que las personas que viven con VIH (PVV) sean vistas como iguales a aquellas que viven sin VIH por los proveedores de servicios y sostiene que el compromiso de las PVV es indispensable en las acciones de las respuestas nacionales a la epidemia, para lograr el acceso universal a la prevención, tratamiento, atención y apoyo.

Al ampliar la participación, los beneficios del MIPA son: mejorar el autoestima, disminuir el aislamiento, la depresión y mejorar la salud y calidad de vida de las PVV. Por otro lado, la participación pública de las personas con el VIH puede aportar a cambiar las percepciones sobre ellas y romper el miedo y los prejuicios al mostrar sus rostros y demostrar que son personas productivas para la sociedad, comunes y corrientes como cualquier otra.

• Débil gestión de las organizaciones de personas que viven con VIH
• Bajos niveles de habilidad y restricciones de financiación
• Poca participación de las comunidades en toma de decisiones sobre salud          
• Dificultad para representar a la diversidad de las personas que viven con VIH
• Falta de documentación de sus historias de empoderamiento
• Falta de evaluación de éxitos y fracasos.
• Desgaste de energía por la supervivencia básica, incluida la lucha por acceso al tratamiento para el VIH y las infecciones oportunistas.
• Barreras sociales que tienen sus raíces en la pobreza, la desigualdad de género, la homofobia y otras formas de discriminación y estigma.
• Rechazo de familiares, amigos y comunidad, servicios de salud, espacios de trabajo, escuelas.

Para asegurar una participación efectiva de las personas con VIH y comunidades afectadas se recomienda que:

• Las personas con VIH cumplan diversos roles en espacios de toma de decisiones.
• Las organizaciones de personas con VIH asuman un rol significativo y protagónico en cuestiones de incidencia política con los gobiernos, donadores y agencias internacionales para obtener una respuesta significativa a la epidemia del VIH y su impacto en las PVV y comunidades afectadas.
• Las organizaciones sociales se comprometan en la implementación del principio MIPA dentro de sus propias organizaciones.

Declaración de Compromiso en la Lucha sobre el VIH/SIDA UNGASS 2001

Numeral 33.-  Reconociendo el papel especial y el aporte importante de las personas que viven con VIH/SIDA, los jóvenes y los agentes de la sociedad civil en la tarea de hacer frente al problema del VIH/SIDA en todos sus aspectos, y reconociendo que su plena participación en la tarea de preparar, planificar, poner en práctica y evaluar programas es decisiva para desarrollar una acción eficaz frente a la epidemia del VIH/SIDA.

Constitución del Ecuador 2008, Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

Numeral 2: Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades.  Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.

Art. 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad.   La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria.

Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, Registro Oficial Suplemento 175 de 20-abr-2010. Última modificación 11-may-2011

Art. 4.- Principios de la participación.- La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. 

Art. 45.- Participación ciudadana en las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.- Las distintas funciones del Estado establecerán mecanismos para garantizar la transparencia de sus acciones, así como los planes y programas que faciliten la participación activa de la ciudadanía en su gestión. 

Pirámide de Jens Van Roey-ONUSIDA, “De los principios a la práctica. Mayor participación de las personas que viven con o están afectadas por el VIH/SIDA (MPPS). Ginebra, 1999”.

• 1984: se reportan los primeros casos de VIH en el Ecuador.
• 1986: se crea la Red Mundial de personas con VIH (GNP+) y se establece una Secretaría de la GNP en Latinoamérica. 
• 1989: se crea la Asociación Panamericana de personas viviendo con VIH, que más tarde se convertiría en la Red Latinoamericana de personas con VIH (RedLa+).
• 1998: se crea la Red Latinoamericana de personas con VIH (RedLa+) como un “conjunto de personas con VIH, reunidas y organizadas para mejorar su calidad de vida y la promoción y defensa de los derechos humanos de todas las personas con VIH”.   
• 2000: se adhiere formalmente la RedLa+ a la GNP+.  Se conoce de la participación de personas con VIH del Ecuador en la RedLa+ desde el año 2003.
• 2001: la Organización de Naciones Unidas (ONU) realiza una Asamblea General Extraordinaria para tratar sobre la pandemia del VIH/sida y se firma la Declaración de Lucha contra el VIH y sida (UNGASS).  En su Art. 33 se reconoce el papel especial y el aporte importante de las personas que viven con VIH, los jóvenes y los agentes de la sociedad civil en la tarea de hacer frente al problema del VIH/sida en todos sus aspectos. 
• 2001: se conforman varias organizaciones de sociedad civil para trabajar en la respuesta al VIH, y otras ya existentes se suman para apoyar a controlar la epidemia y sus efectos nocivos en las poblaciones vulnerables. 
• 2002: un grupo de 6 personas que vivían con VIH (PVV) en Ecuador presentó ante la Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH) de la OEA un pedido de Medidas Cautelares para que el Estado ecuatoriano les entregue medicamentos antirretrovirales.  Al grupo inicial se sumaron más de 150 PVV.  En diciembre del mismo año, la CIDH otorgó las Medidas Cautelares y exigió al Estado ecuatoriano atender con ARV a esas personas para salvar su vida.
• 2002: se empiezan a crear varios grupos de ayuda mutua de personas con VIH, para hacer frente al impacto del virus en la vida de muchas personas afectadas. 
• 2002: se establece el Mecanismo de Coordinación País del Ecuador (MCP-Ec), que presenta una propuesta en la Ronda 2 del Fondo Mundial de lucha contra el sida.  
• 2003: se realiza el primer Encuentro de personas con VIH en Ecuador, en Crucita Manabí, con participación de más de 70 personas de varias provincias, quienes deciden conformar una Coalición ecuatoriana de personas que viven con VIH (CEPVVS).
• 2004: se conforman varios espacios de coordinación y mesas de trabajo en varias provincias del país, con participación de organizaciones sociales y de base comunitaria, para desarrollar una respuesta integral y multisectorial a la epidemia del VIH en Ecuador, en coordinación con la institucionalidad pública, con el Ministerio de Salud Pública a la cabeza a través del Programa Nacional de VIH/sida. 
• 2006: se conforman varios núcleos provinciales de la CEPVVS y otros grupos de ayuda mutua se fortalecen como parte de las subvenciones del Fondo Mundial.  
• 2009: se conforma la Red ecuatoriana de organizaciones y grupos con trabajo en VIH/sida (REDEVIDA), que agrupa a cerca de 30 organizaciones.  Al poco tiempo de creación dejó de funcionar.
• 2010: algunas organizaciones de la sociedad civil y de poblaciones clave que trabajan en la respuesta nacional al VIH se fortalecen con su participación en los proyectos apoyados por el Fondo Mundial.
• 2012: se conforma el Comité Ecuatoriano Multisectorial de VIH/sida (CEMSIDA), máxima instancia constituida por todos los sectores del Estado, para definir las líneas estratégicas nacionales de política pública para el diseño, implementación, evaluación y financiamiento de la respuesta nacional al VIH.
• 2015: producto de la situación política y económica del país, se debilita y desarticula la organización social en general y la participación ciudadana en las acciones de la respuesta nacional al VIH.
• 2016: el Mecanismo de Coordinación País del Ecuador renueva su asamblea con una amplia participación del sector comunitario y de las poblaciones claves.
• 2019: la necesidad de ejercer el derecho a la participación y aportar a disminuir las brechas en la respuesta al VIH, motiva a varias organizaciones de la sociedad civil y de poblaciones clave a realizar acciones de rearticulación de la sociedad civil organizada, para asumir los retos que los nuevos escenarios y actores demandan para cumplir con las metas mundiales de detener y controlar el avance del VIH para el 2030.

Art. 1.- Prohíbase la terminación de las relaciones laborales por petición de visto bueno del empleador, por desahucio, o por despido de trabajadores y trabajadoras por su estado de salud que estén viviendo con VIH-SIDA, en virtud que violenta el principio de no-discriminación consagrado en la Constitución Política de la República en su artículo 23 numeral 3, y el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la no-discriminación en la ocupación y en el empleo. 

Art. 3.- Prohíbase solicitar la prueba de detección de VIH-SIDA como requisito para obtener o conservar un empleo, en las empresas e instituciones privadas, mixtas o públicas, nacionales o extranjeras. 

Art. 4.- Promuévase la prueba de detección de VIH-SIDA, única y exclusivamente, de manera voluntaria, individual, confidencialidad y con consejería y promociónese en el lugar de trabajo la importancia de la prevención del VIH/SIDA, inclúyase este tema dentro de los programas de prevención de riesgos psicosociales.